El Congreso de los Diputados es la cámara baja de las Cortes Generales, el órgano constitucional que representa al pueblo español. Se reúnen para sesiones en el Palacio de las Cortes ubicado en la Plaza de las Cortes de Madrid.

El Congreso de los Diputados está compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, siendo su número actual de 350 por determinación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, aprobada en 1.985.

Dicha Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece:

Artículo 162 (extracto)

 

1. El Congreso está formado por 350 Diputados.

2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado.

3. Los trescientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población de derecho.

Artículo 163 (extracto)

 

1.a. No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

1.b-c. Los representantes se asignarán a las listas restantes en función del Sistema D’Hondt.

En marzo de 2011 se reformó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de tal manera que los partidos sin representación en el Congreso y Senado deben recoger firmas de electores que avalen sus candidaturas para poder presentarse a las elecciones generales (Congreso y Senado), aparte de los requisitos generales. Se necesitan el 0,1% de firmas del censo electoral de cada circunscripción. Cada ciudadano solo puede firmar para una candidatura. La Junta Electoral determinará los detalles de la recogida de firma.

Resultado Elecciones 20 Noviembre de 2.011

Cabe notar que los diputados elegidos no tienen ninguna responsabilidad o relación con cada provincia.

Lo primero que llama poderosamente la atención sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es que la circunscripción provincial perjudica muy notablemente a los partidos pequeños y medianos cuyos votantes no se encuentran concentrados geográficamente

Otro factor discutible  incluido en dicha Ley Orgánica es el porcentaje mínimo de votos, 3% sobre el total de votos válidos, necesario para considerar una candidatura en la asignación de representantes. Este factor sólo tiene implicaciones prácticas en las circunscripciones grandes en las que se eligen muchos diputados, en el resto ese mínimo no influye en la adjudicación de escaños. Hay que recordar que se computa para el total de «votos válidos» los votos de cada candidatura y el voto en blanco, pero no el voto nulo. En opinión de la mayoría de los ciudadanos no debería excluirse “a priori” ninguna opción política por no reunir un determinado número de votos. El sistema de asignación de representantes debería ser el que se encargara de asignar a cada opción la representación que más se ajuste al número de votos recibidos.

A la vista de los resultados electorales obtenidos en estas últimas elecciones generales es inevitable realizar algunas consideraciones que  a los ciudadanos de a pie se nos vienen inmediatamente a la cabeza:

El sistema electoral español está deliberadamente diseñado para favorecer la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Esto se debe a la combinación de circunscripciones pequeñas con un sistema de reparto de escaños poco proporcional, que permite obtener la mayoría absoluta con poco más de un 35% de votos en la circunscripción y una diferencia de unos puntos porcentuales con el segundo.

Aunque en su momento pudo parecer la opción más segura para proteger la estabilidad política durante la Transición, al observar la distribución de los escaños en las últimas elecciones, los ciudadanos nos preguntamos si es democrático que la tercera y la cuarta fuerza más votada sean respectivamente la cuarta y la sexta en número de representantes.

Las provincias son circunscripciones demasiado pequeñas como para garantizar una adecuada proporcionalidad entre los votos recibidos y los representantes asignados a cada opción. Es inevitable que cuanto menos representantes corresponda elegir en una circunscripción, menos proporcional sea el reparto de los mismos. El caso extremo es la circunscripción que elige a un único representante (Ceuta y Melilla), en donde la lista más votada se lleva el 100% de los representantes, independientemente del número de votos.

En España, debido a la gran concentración de población en determinadas provincias, el 50% de los representantes al Congreso son elegidos en circunscripciones donde se eligen 7 candidatos o menos, siendo las más frecuentes las de 3, 4 y 5 representantes. Con estas dimensiones, lo habitual es que sean 2 o 3 las fuerzas políticas que obtengan parlamentarios en cada circunscripción, descartándose el resto de votos sin representante.

De esta manera, es muy difícil que un partido minoritario se haga un hueco en los órganos de Gobierno. En nuestro actual sistema electoral, los únicos partidos que pueden acceder a la representación parlamentaria son aquellos con un respaldo mayoritario en el conjunto de la nación o aquellos que, siendo minoritarios, tienen a su electorado concentrado en provincias clave.

En el caso de que la circunscripción electoral fuera única (el conjunto del Estado), bastarían 70.000 votos entre 24,5 millones (equivalentes al 71,69% de participación) para conseguir un representante en el Congreso. Sin embargo, al asignarse los representantes por provincias, hoy en día 70.000 votos desperdigados no valen para nada.

La consecuencia más directa del actual sistema de asignación provincial de representantes es el creciente protagonismo del regionalismo e independentismo, que para algunos supone una amenaza a la unidad de España. Una vez que queda claro que la forma más fácil de hacerse oír siendo pequeño es agrupando electores en una provincia, la estrategia más directa de conseguirlo es mediante programas regionalistas, cuya prioridad no sea el conjunto del país sino la región. Es preocupante que tanto énfasis en lo local haya dejado al país huérfano de formaciones políticas capaces de plantear una alternativa viable a los gobiernos de PP y PSOE.

En cuanto al sistema de recuento, si bien es cierto que el actual sistema (D’Hondt), basado en la metodología de la cifra repartidora, favorece excesivamente a los partidos mayoritarios, el sesgo que introduce es considerablemente menor que el atribuible al tamaño de las circunscripciones en España. La posiblidad de incluir un sistema de reparto más equitativo y proporcional no debería de desdeñarse tan a la ligera aunque habrá gente que argumentará que este sistema dificulta la gobernabilidad por la cantidad de escaños “sueltos” que otorga, en mi opinión estas nuevas formaciones políticas, dispuestas a comerle el terreno a quien se duerma en los laureles, son necesarias para el reciclaje en la alternancia en el poder, para un debate político más plural y para mantener la tensión en la clase política.

Las elecciones, ya sean legislativas, autonómicas y municipales, son las únicas vías de participación efectiva que tienen los ciudadanos en cuestiones de gobierno.

Es necesario modificar cuanto antes la Constitución para que los representantes de la soberanía popular sean elegidos por circunscripciones correspondientes a su ámbito de competencia, de modo que representen con fidelidad el apoyo que cada opción política tiene en conjunto sin importar dónde se vote. De este modo, los Diputados deberían elegirse por circunscripción nacional en cuanto representantes del conjunto de los españoles.

Si hiciéramos una pequeña simulación de estas pasadas elecciones generales, eliminado la circunscripción provincial, y asignáramos los representantes según una circunscripción única, comprobaríamos que se producen una serie de cambios significativos:

Por ejemplo:

El PP perdería 30 escaños, pasaría de los actuales 186 a 156. Evidentemente eso significaría la perdida de la mayoría absoluta.

El PSOE perdería 10 escaños, pasaría de los 110 actuales a 100. Parece claro que el voto de castigo es más efectivo y contundente.

IU subiría 13 escaños. La movilización se la izquierda se hace más evidente con esta representación.

UpyD subiría 11 escaños. El auge de una fuerza política dispuesta a hacer frente al bipartidismo (incluso tripartidismo) parece consumarse.

Amaiur perdería 3 escaños. Resultado más acorde con la fuerza popular que lo respalda.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.